La primera dificultad que hay que destacar para aplicar los principios de justicia a las relaciones entre las personas, es la desigualdad que se ha venido haciendo cada día más amplia en nuestras sociedades. Desde hace mucho tiempo se ha señalado que no se imparte justicia por igual a pobres y ricos, a personas que pertenecen a un grupo(de clase, género o religión) o a otro. La igualdad de las personas frente a la ley se ha establecido en los sistemas jurídicos de los distinto países. Pero esa igualdad es ilusoria. Y es que los individuos y los grupos que cuentan con recursos (dinero, influencia, posición social y relaciones con quienes detentan posiciones de poder), tienen acceso a la justicia, mientras quienes no los tienen se ven privados de ella. Ante estas circunstancias, se van definiendo facultades de las autoridades del Estado para suplir las deficiencias de las personas y establecer relaciones justan entre ellas, independientemente de los recursos con que cuenten. Esto es lo que permite ir ejerciendo la justicia con imparcialidad, o con la mayor imparcialidad posible.
La justicia social se cumple mediante los derechos sociales de la segunda y tercera generación. Y puede decirse que, a diferencia de los de la primera generación, que eran derechos individuales, los derechos de la segunda y tercera generación están encaminados a producir justicia social.
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