miércoles, 3 de agosto de 2016

2.2..2 Las relaciones de poder y las instituciones.

Las relaciones de poder en una sociedad se caracterizan por considerar en esencia dos grupos humanos gobernantes y gobernados. El poder crea una relación social asimétrica; los gobernantes tienen capacidad para establecer y mantener un orden en las sociedad que permita la convivencia pacífica, la producción económica y la realización de las necesidades básicas de los integrantes de las distintas comunidades y grupos que forman esa sociedad.

La ciencia política es la disciplina que se encarga del estudio del poder en sociedad. La ciencia política moderna analiza la forma en que se organiza el poder; a quienes lo ejercen (políticos, administradores públicos), las instituciones públicas y el gobierno, y los procesos para conquistar el poder y su legitimación o impugnación.

El derecho es una ciencia normativa que prescribe el deber ser. En un esquema democrático el poder debe ejercerse de acuerdo con lo que establece la ley. Los distintos órganos del Estado, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sólo pueden hacer lo que la ley autoriza. Esto es lo que se denomina como régimen de facultades expresas; la autoridad no puede ir más allá de lo que la ley autoriza, si lo hace, incurre en irresponsabilidad y es posible que los ciudadanos impugnen los actos de la autoridad que rebasan sus competencias legales y aun los dejen sin efectos. Esto ha sido particularmente importante en relación con la protección de los derechos humanos, lo que ha venido ampliándose con la definición progresiva de derechos y el establecimiento de obligaciones del Estado para garantizarlos y los procedimientos  para que tales derechos sean legalmente reclamables y efectivamente reivindicables.

En una democracia, todos los poderes sociales o económicos deben respetar la ley, las disposiciones de las autoridades constituidas formalmente y el orden legal establecido. Cuando no  lo hacen, el Estado tiene la obligación, crecientemente definida, de proporcionar a los individuos y grupos sociales los elementos para que denuncien  las violaciones, defiendan y reinvidiquen sus derechos, incluyendo la reparación de los daños causados. También ha venido siendo definida en las distintas naciones del orbe la responsabilidad económica del Estado para que la reparación del daño sea realizada.

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